RETRIBUCIÓN DEL ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN: CONTINÚA LA LUCHA ENTRE EL SUPREMO Y LA DGRN

La Dirección General de los Registros y del Notariado ha dictado el pasado 30 de octubre de 2018, una nueva Resolución sobre  la retribución de los administradores con funciones ejecutivas (publicada en el BOE de 20/11/2018).

El Registro Mercantil de Madrid denegó la inscripción de los siguientes párrafos de la cláusula estatutaria sobre la retribución de los administradores, en base a la STS de 26 de febrero de 2018, y referidos a la remuneración de los consejeros a quienes se encomienden funciones ejecutivas:

Sin perjuicio de lo anterior, los consejeros podrán desempeñar funciones ejecutivas y/o profesionales en la Sociedad, y en tal caso, tendrán derecho a percibir, adicionalmente, las retribuciones que correspondan por el desempeño de dichas funciones ejecutivas.
A tal fin, cuando uno de los miembros del Consejo de Administración se le atribuyan funciones ejecutivas en virtud de cualquier título, será necesario que se celebre un contrato entre éste y la Sociedad que deberá ser aprobado previamente por el Consejo de Administración con el voto favorable de las dos terceras partes de sus miembros. El consejero afectado deberá abstenerse de asistir de asistir a la deliberación y de participar en la votación. El contrato aprobado deberá incorporarse como anejo al acta de la sesión y deberá detallar todos los conceptos por los que el consejero pueda obtener una remuneración por el desempeño de sus funciones ejecutivas, incluyendo en su caso, la eventual indemnización por cese anticipado en dichas funciones y las cantidades a abonar por la Sociedad en concepto de primas de seguros o de contribución a sistema de ahorro”.

A juicio del Registrador, no son inscribibles dichos párrafos por estimar que en ellos no se establece el sistema o sistemas a que debería ajustarse su determinación contractual, invocando al efecto los artículos 23, 217 y 249 de la Ley de Sociedades de Capital, así como la STS de 26 de febrero de 2018.

La sociedad afectada por la calificación negativa fundamenta magníficamente un recurso que es estimado por la Dirección, revocando la calificación impugnada por varios motivos:

– “La cláusula estatutaria sobre la que se pronuncia el Supremo excluía categóricamente toda reserva estatutaria y competencia de la junta general de la compañía respecto de la remuneración de los consejeros ejecutivos.

-Los dos párrafos cuya inscripción ha sido rechazada no incluyen mención alguna que contradiga la eventual reserva estatutaria para acoger ciertos extremos relacionados con los emolumentos de los consejeros ejecutivos o nieguen la competencia de la junta general para delimitar algunos elementos de su cuantificación, limitándose a prever que tendrán derecho a percibir las retribuciones adicionales que correspondan por el desempeño de funciones ejecutivas (párrafo tercero) y a reproducir sustancialmente los requerimientos establecidos en los apartados 3 y 4 del artículo 249 de la Ley de Sociedades de Capital (párrafo cuarto).

– Deben separarse dos supuestos, el de retribución de funciones inherentes al cargo de administrador, y el de la retribución de funciones extrañas a dicho cargo.

-De la lectura del párrafo cuarto del artículo 18 presentado a inscripción resulta que en él se incluye la eventual indemnización por cese anticipado en sus funciones y las cantidades a abonar por la sociedad en concepto de primas de seguros o de contribución a sistemas de ahorro, y del párrafo segundo del mismo artículo estatutario se desprende que también están incluidos los conceptos de dietas de asistencia y de indemnización por fallecimiento.

-Aun entendiendo que los conceptos retributivos de los consejeros ejecutivos deban constar necesariamente en los estatutos sociales, extremo que la sentencia no aclara si está afectado por la flexibilidad que patrocina, no puede apreciarse el mutismo que el Registrador aduce, por más que los criterios recogidos no coincidan con los percibidos como usuales en la práctica. Así las cosas, puede decirse que la calificación negativa comporta una petición de principio, cual es que el texto estatutario será aplicado precisamente para contravenir la concreta interpretación de la legalidad que se defiende, sin que en su redacción consten indicios que permitan deducir necesariamente tal resultado”.

Por lo tanto, y a la vista de lo anterior, nuevamente los ciudadanos y empresa sufren la inseguridad jurídica por la interpretación contradictoria entre Tribunal Supremo y la Dirección General de los Registros y del Notariado.

En este blog se ofrece una visión orientativa de los asuntos que se tratan, que no constituye una opinión profesional ni asesoramiento jurídico, por lo que declinamos cualquier responsabilidad sobre decisiones que puedan adoptarse basadas exclusivamente en su contenido. Si desea recibir más información, póngase en contacto con nosotros en la dirección de correo info@picossi.com, para realizar un análisis especifico de la situación, que tenga en cuenta todas las circunstancias.

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