RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS SOCIEDADES (II) PLAN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PENALES -CORPORATE COMPLIANCE-

Como se indicó en la entrada del 15-12-2015, el 1 de julio entró en vigor la Ley Orgánica 1/2015, que modificó de manera amplia el art. 31 bis del Código Penal, según el cual las personas jurídicas,  serán penalmente responsables por los delitos cometidos, en nombre o por cuenta de las mismas, y en su beneficio directo o indirecto, por  los administradores, altos directivos o trabajadores que hayan cometido el delito.

En dicho  artículo 31 bis también se establecen los siete los tipos de penas que pueden imponerse a las personas jurídicas:

a) multa, por cuotas o proporcional;
b) disolución de la persona jurídica;
c) suspensión de las actividades;
d) clausura de los locales y establecimientos;
e) prohibición de realizar en el futuro las actividades en cuyo ejercicio se haya cometido, favorecido o encubierto el delito;
f) inhabilitación para obtener subvenciones y ayudas públicas, para contratar con el sector público y para gozar de beneficios e incentivos fiscales o de la Seguridad Social;
g) intervención judicial.

No obstante, la norma también prevé cómo puede la persona jurídica quedar exonerada –o al menos atenuar- esta responsabilidad penal, mediante un sistema de control  en el cual  se fija un Plan de Prevención de riesgos penales; Es decir, mediante este documento se da cumplimiento a la obligación de las personas jurídicas a implementar un sistema de supervisión y control de cumplimiento normativo de la actuación de sus administradores, altos directivos o trabajadores,  y cuyos actos pueden originar responsabilidad penal para la empresa. Este Plan debe ser específico para cada sociedad -dependiendo de la empresa, y en función de su campo de actividad, estará expuesta a unos riesgos u otros- y deberá cumplir con siguientes requisitos:

1.º Se identificarán las actividades en cuyo ámbito puedan ser cometidos los delitos que deben ser prevenidos.
2.º Se establecerán los protocolos o procedimientos que concreten el proceso de formación de la voluntad de la persona jurídica, de adopción de decisiones y de ejecución de las mismas con relación a aquéllos.
3.º Se dispondrán de modelos de gestión de los recursos financieros adecuados para impedir la comisión de los delitos que deben ser prevenidos.
4.º Se impondrán la obligación de informar de posibles riesgos e incumplimientos al organismo encargado de vigilar el funcionamiento y observancia del modelo de prevención.
5.º Se establecerán un sistema disciplinario que sancione adecuadamente el incumplimiento de las medidas que establezca el modelo.
6.º Se realizarán una verificación periódica del modelo y de su eventual modificación cuando se pongan de manifiesto infracciones relevantes de sus disposiciones, o cuando se produzcan cambios en la organización, en la estructura de control o en la actividad desarrollada que los hagan necesarios.

Más allá del estricto ámbito penal, disponer de un Plan de Prevención de riesgos penales dota de un mayor valor a la empresa, de cara al resto de sociedades y personas con los que opera en el tráfico jurídico, al contar con un control exhaustivo de sus trabajadores y personal directivo, que proporciona una respuesta rápida ante cualquier hecho sancionable.

Debe señalarse que las personas jurídicas no están expuestas a que se les impute cualquiera de los delitos recogidos en el Código Penal, si no que se establece un catálogo de 33 delitos por los que exclusivamente pueden ser responsables penalmente, entre los que se encuentran, por ejemplo:

– Delito de descubrimiento y revelación de secretos.
– Delitos de estafa.
– Delitos de insolvencia punible.

– Delitos relativos a la propiedad intelectual e industrial, al mercado y a los consumidores.
– Delito de blanqueo de capitales.
– Delitos contra la Hacienda Pública y contra la Seguridad Social.
– Delitos contra la ordenación del territorio y el urbanismo.
– Delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente.

En este blog se ofrece una visión orientativa de los asuntos que se tratan, que no constituye una opinión profesional ni asesoramiento jurídico, por lo que declinamos cualquier responsabilidad sobre decisiones que puedan adoptarse basadas exclusivamente en su contenido. Si desea recibir más información, póngase en contacto con nosotros en la dirección de correo info@picossi.com , para realizar un análisis especifico de la situación, que tenga en cuenta todas las circunstancias.

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