MODIFICACIÓN EN MATERIA DE ARRENDAMIENTOS URBANOS

El pasado 19 de diciembre de 2018 entró en vigor el Real Decreto-ley 21/2018, de 14 de  diciembre, de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler, con el objetivo de combatir la actual dificultad del acceso a la vivienda en régimen del alquiler.

Las principales novedades se llevan a cabo mediante la modificación de las siguientes leyes:

1) Ley de Arrendamientos Urbanos

– Se vuelve a establecer el plazo mínimo de duración del contrato de cinco años (si el arrendador es persona física) y se establece la duración mínima de siete años si el arrendador es persona jurídica.

De esta manera, se permite una  estabilidad para las unidades familiares que les posibilita contemplar al arrendamiento como alternativa válida a la propiedad.

– En cuanto a la prórroga tácita, llegada la fecha de vencimiento del contrato o de cualquiera de sus prórrogas, y una vez transcurrido el periodo de prórroga obligatoria, se prorrogará el contrato durante tres años más si no existe comunicación en contrario.

– Se especifica que los alquileres turísticos serán aquellos en los que se ceda temporalmente de uso de la totalidad de una vivienda amueblada y equipada en condiciones de uso inmediato, comercializada o promocionada en canales de oferta turística o por cualquier otro modo de comercialización o promoción.

– Se limita la garantía adicional a la fianza al valor de DOS mensualidades de renta en los arrendamientos de vivienda.

2) Ley de Enjuiciamiento Civil

– Se modifica el procedimiento de desahucio de vivienda cuando afecte a hogares vulnerables, estableciendo que la determinación de la situación de vulnerabilidad producirá la suspensión del procedimiento hasta que se adopten las medidas que los servicios sociales estimen oportunas por un plazo máximo de un mes, o de dos meses cuando el demandante sea persona jurídica.

3) Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados

– Se establece la exención del impuesto en los arrendamientos de vivienda para uso estable y permanente.

En cuanto a los contratos de arrendamiento celebrados con anterioridad a la entrada en vigor de este real decreto-ley, continuarán rigiéndose por lo establecido en el régimen jurídico que les era de aplicación, pudiendo las acordar, siempre que no sea contrario a las revisiones legales, adaptar los contratos preexistentes al régimen jurídico establecido ahora.

En definitiva, tal y como expone  la Exposición de motivos, la grave situación de vulnerabilidad económica y social de un gran número de familias y hogares para afrontar los pagos de una vivienda en el mercado constituye el primer motivo de urgencia. Según datos de Eurostat, en el año 2017, más del 42% de los hogares españoles destinaban más del 40% de sus ingresos al pago del alquiler. Ello supone que España se sitúa 17 puntos porcentuales por encima del valor medio de la Unión Europea y, si no se adoptan las medidas oportunas, previsiblemente irá en aumento, ya que el precio de los alquileres se ha incrementado en los últimos tres años en más de un 15% y, en algunas localizaciones, el incremento duplica el registrado en el conjunto de España.

En este blog se ofrece una visión orientativa de los asuntos que se tratan, que no constituye una opinión profesional ni asesoramiento jurídico, por lo que declinamos cualquier responsabilidad sobre decisiones que puedan adoptarse basadas exclusivamente en su contenido. Si desea recibir más información, póngase en contacto con nosotros en la dirección de correo info@picossi.com, para realizar un análisis especifico de la situación, que tenga en cuenta todas las circunstancias.

Autor: Montaña Rodríguez 

 

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