LA RESPONSABILIDAD DE LOS AUDITORES DE CUENTAS

A diferencia de lo que ocurría hace años, a día de hoy se ha generalizado la exigencia de responsabilidades a los auditores como vía mediante la cual, sociedades, socios y terceros buscan una indemnización reparatoria por el daño sufrido como consecuencia del mal hacer de dichos profesionales.

Aunque no es el único supuesto en que es necesaria la intervención de los auditores, la función de estos profesionales tiene una gran repercusión en cuanto verifican que las cuentas anuales de las sociedades se han elaborado de manera correcta y que reflejan la situación real de una empresa. Ello tiene una especial trascendencia para todos aquellos que toman cualquier de decisión basada en dichas cuentas u otras operaciones comprobadas e informadas por un auditor, ejemplo, un aumento de capital al que acude un socio o un inversor.

La Ley de Auditoría de Cuentas prevé que tanto los auditores como las sociedades de auditoría responderán con carácter solidario de los daños y perjuicios causados tanto a la sociedad auditada, como frente a terceros por el incumplimiento de sus obligaciones. Dicha responsabilidad es independiente de que el auditor haya sido nombrado por el Registro Mercantil a instancias de un socio minoritario o su cargo resulte de una decisión voluntaria adoptada por la sociedad (ejemplo, una SAT, una sociedad civil o una entidad mercantil que no requiera conforme a la Ley de Sociedades de Capital contar con un auditor).

La responsabilidad se rige con los criterios generales previstos en el Código Civil: (i) una actuación contraria a la normativa; (ii) que haya habido dolo o culpa por parte del auditor en su actuación; (iii) que se haya causado un daño a la sociedad o a un tercero y (iv) que exista un nexo de unión entre la actuación realizada por el auditor y el daño causado, es decir que incumplimiento del auditor haya sido un elemento esencial para causar el daño que se reclama.

En consecuencia, esto no conlleva que cualquier error que cometa un auditor sea suficiente para apreciar su responsabilidad, sino que los tribunales interpretan que dicha responsabilidad existe cuando han cometido un fallo que en un ejercicio normal y adecuado de las funciones de auditoría no debería haberse producido y que dicho error a la hora de auditar a la sociedad haya sido determinante en los daños que haya podido sufrir la sociedad o un tercero, siendo responsable el auditor (a efectos de fijar la indemnización) en la medida que su actuación haya propiciado el hecho que será objeto de reclamación.

La responsabilidad civil de los auditores de cuentas y las sociedades de auditoría será exigible de forma proporcional y directa a los daños y perjuicios económicos que hubiesen causado en el ejercicio de su actividad, si bien la responsabilidad se enjuicia y se resuelve en un escenario jurídico distinto según se exija por la propia sociedad (responsabilidad contractual) o por los socios y/o terceros (responsabilidad extracontractual).

Ahora bien, esta no es la única responsabilidad en la que puede incurrir el auditor, pues además de la responsabilidad civil, el auditor está sujeto a que se le exija la responsabilidad en el orden penal así como a la aplicación del régimen disciplinario previsto en la Ley de Auditoría de Cuentas, cuyas sanciones pueden alcanzar hasta los 36.000 € o suponer la pérdida de la condición de auditor de cuentas.

En este blog se ofrece una visión orientativa de los asuntos que se tratan, que no constituye una opinión profesional ni asesoramiento jurídico, por lo que no puede adoptarse ninguna decisión basado en su contenido, declinando cualquier responsabilidad si así no se hiciese. Si desea recibir más información, póngase en contacto con nosotros en la dirección de correo info@picossi.com, para realizar un análisis especifico de su situación, que tenga en cuenta todas las circunstancias concurrentes.

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