La inscripción en el Registro de prestadores de servicios a sociedades y fideicomisos (RD Ley 11/2018) de las sociedades holding

 

El Real Decreto-ley 11/2018, de 31 de agosto, ha modificado la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, incorporando una nueva obligación al elenco de las ya existentes con el único fin de dotar de una cantidad ingente de información a la administración. En concreto, y en cuanto nos afecta, deberán inscribirse en el “Registro de prestadores de servicios a sociedades y fideicomisos” las personas físicas o jurídicas que realicen alguna o algunas de las actividades comprendidas en el artículo 2.1.o) de la citada ley:

                “…constituir sociedades u otras personas jurídicas; ejercer funciones de dirección o de secretarios no consejeros de consejo de administración o de asesoría externa de una sociedad, socio de una asociación o funciones similares en relación con otras personas jurídicas o disponer que otra persona ejerza dichas funciones; facilitar un domicilio social o una dirección comercial, postal, administrativa y otros servicios afines a una sociedad, una asociación o cualquier otro instrumento o persona jurídicos; ejercer funciones de fiduciario en un fideicomiso (trust) o instrumento jurídico similar o disponer que otra persona ejerza dichas funciones; o ejercer funciones de accionista por cuenta de otra persona, exceptuando las sociedades que coticen en un mercado regulado de la Unión Europea …, o disponer que otra persona ejerza dichas funciones.”

De esta forma, y mediante esta modificación legislativa, se crea una nueva obligación con un claro marcado carácter administrativo y cuyo cumplimiento se intuye difícil pues arrastra las dificultades de índole fiscal y mercantil que ya se encuentra en el estudio de la participación conjunta (como grupo o no) de las empresas en el tráfico mercantil y en las que se plantean  como cuestiones siempre complejas, entre otras y por poner un ejemplo, el precio de los servicios que se prestan entre ellas, el derecho de información del socio minoritario en una sociedad filial respecto a la matriz o los conflictos de intereses de los administradores de quienes lo son a su vez de la matriz y de la filial.

La sociedad holding, con la visión estructural y gráfica que la configura como un “peine” y como titular de participaciones/acciones en otras sociedades, parece ser claro destinatario de la norma trascrita en muchos de los supuestos previstos en la misma: constituir sociedades, facilitar un domicilio o ejercer funciones de dirección…  No obstante nos vamos a centrar cuando la sociedad holding “ejerce funciones de accionista por cuenta de otra persona “.

El primer elemento que debe analizarse es el reflejo en sus estatutos y dentro de su objeto social de dicha actividad: llevar a cabo su objeto social mediante participaciones en otras entidades o, por el contrario, la mera tenencia de acciones o participaciones en otras sociedades, de forma mayoritaria o no. Lógicamente no es lo mismo que la sociedad holding participe, o no,  en la gestión de las sociedades de las que forme parte y la importancia del capital social en la entidad en la que actúa, pues esta nueva obligación debe interpretarse dentro de la política legislativa de impedir el blanqueo de capitales, pero también conforme a los criterios mercantiles del art. 42 Código de Comercio y sobretodo, en lo que sería el supuesto previsto en el párrafo 42.1 in fine: “A los efectos de este apartado, a los derechos de voto de la entidad dominante se añadirán los que posea a través de otras sociedades dependientes o a través de personas que actúen en su propio nombre pero por cuenta de la entidad dominante o de otras dependientes o aquellos de los que disponga concertadamente con cualquier otra persona”.

Dicho lo anterior, cuando la holding no es de mera titularidad, sino que desarrolla su negocio a través de las filiales participando en su gestión, sí parece que motivados por un principio de prudencia, debería inscribirse necesariamente la holding en el Registro de prestadores de servicios. No así cuando no se participa en la gestión, ya que la obligación de información que busca la nueva norma se le da cumplimiento por el documento de información del titular real que deposita la sociedad filial junto a sus cuentas anuales y la holding (siempre que se supere el 25% del capital social de las mismas).

Pero es que además, la expresión analizada contiene el término en su forma individual que no plural (“persona”), por lo que nuevamente haciendo una interpretación rigorista, sería necesario que no haya pluralidad de personas para encontrarnos dentro del ámbito de la norma. Es decir, la holding no tendría obligación de inscripción en el Registro de prestadores de servicios porque actúa en su propio interés (tiene personalidad jurídica) y no en el de sus socios, que a lo sumo, serían “personas” y por tanto, nos encontraríamos fuera del ámbito de aplicación de la norma.

Respecto a la entidad en la que se ejerce dichas funciones de accionista, nuevamente se hace evidente la falta de rigor de la norma pues la obligación es únicamente para quien participa en una sociedad anónima que es la única forma societaria cuyo capital social está representado en acciones y titulado por accionistas (tal como ocurre en los supuestos de las sociedades cotizadas en España que precisamente son objeto de exclusión de la norma). En consecuencia, una interpretación literal de la norma dejaría fuera de su ámbito de aplicación muchísimos supuestos, en especial cuando las filiales son SL o incluso a otro tipo de entidades como pueden ser las UTEs.

En consecuencia, consideramos que la intepretación literal de la norma puede justificar en muchos casos la no inscripción de las sociedades holding en el Registro de prestadores de servicios, si bien, atendiendo a las posibles sanciones resultantes de la no inscripción, será cada asesor/órgano de administración quien deberá analizar si le compensa la asunción de dicho riesgo por ahorrarse el gasto que supone la  inscripción en el Registro de prestadores de servicios y que, a fecha de hoy, aproximadamente es de veinte euros y del consecuente esfuerzo de información con ocasión de las cuentas anuales a raíz de este alta.

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