Jaque mate a los Pactos de Accionistas

La Sentencia del Tribunal Supremo de 17 de noviembre 2020 ha supuesto un nuevo revés a la eficacia de los Pactos de Accionistas.

Los hechos, de forma resumida, son los siguientes:

1.- Los socios de Estudios e Ingeniería Aplicada XXI, SA (en adelante EIA) suscribieron en su momento un Pacto de Accionistas conforme al cual un determinado socio, en dicho momento mayoritario, tiene la facultad de nombrar dos de los seis miembros que conforman el consejo de administración (2/6) y que requiere para la adopción de sus acuerdos el voto de cinco de sus seis miembros (5/6).

De esta forma, el socio mayoritario dirigía la administración de la sociedad mediante el nombramiento de los consejeros y, en su caso, bloqueando las decisiones del Consejo de Administración que requerían el voto de, al menos, uno de los dos consejeros que nombra.

Además, se había previsto en el Pacto de Accionistas que el posible conflicto de intereses existente entre la sociedad  y el socio mayoritario al que contrataba para determinados servicios, se salvaría por unanimidad en Junta General.

2.- Durante la existencia de EIA y, a diferencia de la situación inicial, el socio, otrora mayoritario con el 99,48% del capital social, cedió su posición de control quedándose con una participación más reducida del 45 % frente a un nuevo socio mayoritario que era titular del 55 % del capital social.

Con el referido cambio accionarial y perdiendo esa posición de control era normal, como así ocurrió, que fuese objeto de distintas interpretaciones entre los socios (y los administradores que nombran) todo lo relativo a los servicios prestados a la sociedad por este socio minoritario, antes mayoritario.

3.- Los administradores nombrados por el nuevo socio mayoritario niegan, tanto el importe de la deuda por los servicios de ingeniería prestados por el ahora socio minoritario a EIA, cómo la validez del propio contrato del que resulta la misma. En cuanto a esto último se basan en que los consejeros que participaron en la contratación entre la sociedad que les nombra como consejeros y la sociedad que administran es un evidente quebrantamiento de su deber de lealtad ante la situación de conflicto de intereses existente.

Por su parte, la defensa de los intereses de este nuevo socio minoritario, pasa por que los dos consejeros que ha nombrado bloqueen el acuerdo de formulación de cuentas, lo cual se hace constar de forma expresa en acta del Consejo de Administración en la que se adelanta igualmente que el socio minoritario votaría en la Junta General en contra del acuerdo de aprobación de las mismas.

La amenaza velada de dichos consejeros será de crucial importancia en la visión global de la diferencias entre los distintos socios y la resolución judicial a la misma.

4.- Además del anterior conflicto interno y, para no evitar decantarnos de una forma tan simple hacia una u otra de las partes, debe indicarse que el actual socio mayoritario quiere nombrar un director general con un importante retribución que en el año 2015 consistía en un fijo de 130.000 € más una retribución variable. Lógicamente el socio minoritario también se opuso vía bloqueo a dicho nombramiento.

5.- En la Junta General de EIA,  el socio ahora mayoritario acordó el ejercicio de la acción social de responsabilidad contra los dos consejeros nombrados por el actual socio minoritario. El ejercicio de dicha acción supuso la pérdida automática de su condición de consejeros.

El socio minoritario, ante la pérdida de los estos dos consejeros que nombraba, quiso nombrar dos nuevos consejeros, posibilidad ésta a la que se negó el socio mayoritario.

6.- Ante esta situación, el socio minoritario defendió su posición perdida acudiendo a los Juzgados. Sin embargo el Juzgado de lo Mercantil desestimó la demanda fundamentando la Sentencia en que no es impugnable un acuerdo social por ser contrario a un Pacto de Accionistas  y que, independientemente de lo anterior, existía una situación de conflicto de intereses por haber participado en la contratación del socio minoritario.

7.- Por el contrario, la Audiencia Provincial estimó que existía fraude de ley y que dichos acuerdos sociales adoptados en la Junta General mostraban el interés propio del socio mayoritario en detrimento injustificado del socio minoritario.

8.- El Tribunal Supremo dicta sentencia conforme a la cual:

-El Pacto de Accionistas no es oponible a la sociedad ya que no es parte del mismo: no habiéndose aprobado en la Junta General de socios la dispensa al conflicto de intereses en los que puedan incurrir los administradores, se debe atender a lo previsto directamente en la LSC.

-El artículo 229.1.a) LSC –deber de los administradores de evitar situaciones de conflicto de interés absteniéndose de realizar transacciones con la sociedad-no se infringe en el supuesto enjuiciado.

Es cierto que los administradores habían sido nombrados por el socio que a su vez es con quien se contrata. No obstante, en estas personas físicas, que son los consejeros que contrataron con el socio que les nombró, no se dan los requisitos para encontrarnos dentro de la referida prohibición legal, pues la transacción entre, por una parte, la sociedad que les nombra como administradores, y  por otra, la sociedad que administran, no estaría dentro de los casos enumerados en el art. 231 LSC.

-En los casos previstos en el art. 231 LSC, a efectos de considerar que existe la vinculación que conlleva la vulneración del deber de lealtad, no se encuentra que el administrador deba ser un alto directivo e incluso administrador de otra sociedad, salvo en este último supuesto, que nos encontremos en un grupo de empresas en las que el administrador tenga una posición de control.

A mayor abundamiento, los consejeros cesados no fueron quienes firmaron los oportunos contratos de los que trae origen la discrepancia.

-En cuanto el desarrollo de actividades por cuenta ajena que sitúa al administrador en un conflicto permanente con los intereses de la sociedad, conforme el art. 229.1.f) LSC, considera el Tribunal Supremo que sí se da dicha situación. Para ello se centra en la relación existente del administrador con quien le nombra, y concluye que “la ley presume que este hace suyos los intereses de la persona con la que le unen ciertos vínculos que determinan que el administrador detente cierto de poder de decisión en la organización de ese tercero y/o de los que deriva un deber de lealtad hacia ese tercero”.

En este supuesto, incluso aunque las relaciones comerciales entre el socio y EIA fuesen ventajosas para ambas, no ello supone que no exista un conflicto de intereses de los consejeros nombrados por éste, que no sólo es potencial sino real (los consejeros se oponían a formular las cuentas si no reconocían el crédito de quien les nombró).

 

Con dicha Sentencia, nuestro Tribunal Supremo resuelve un problema de enorme complejidad en que las partes han defendido sus posiciones como expertos ajedrecistas si bien suscita un problema aún mayor en cuanto, al negar efectos al pacto de accionistas más allá de las partes que lo suscriben, deja al socio inversor en una situación difícil para mantener el control del proyecto cual es la sociedad, independientemente de la cautela de la firma del pacto de accionistas.

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