Desde la aprobación a principios de año de un nuevo valor de referencia para el cálculo de impuestos, se ha discutido acerca de sus lagunas técnicas y jurídicas. Los nuevos valores pretenden simplificar el cálculo de Impuestos como el de Sucesiones y Donaciones, el de Transmisiones Patrimoniales o el de Patrimonio en las operaciones inmobiliarias. Sin embargo, las lagunas que presentan pueden perjudicar a las liquidaciones que se van a realizar según este nuevo sistema.
Respecto a este nuevo valor de referencia catastral, la Asociación Española de Asesores Fiscales (AEDAF) ha advertido de que el nuevo cálculo posee numerosos puntos débiles. Unas debilidades que permitirán avalar un procedimiento general en contra de las liquidaciones a contribuyentes tomando como referencia el valor catastral según se establece.
Tras su aprobación, el sector de asesores fiscales avisó que el nuevo valor de Catastro, que funcionará como base para el cálculo de los impuestos comentados, estaba causando un aumento de los ingresos tributarios de las autonomías.
Aumento del 24% de los ingresos por impuestos inmobiliarios
Los últimos datos aportados a final de junio por el Ministerio de Hacienda apuntan que los ingresos obtenidos por los gobiernos autonómicos por medio de los tributos vinculados al sector inmobiliario incrementaron un 24% respecto a 2021. Una subida en los primeros seis meses del año que se traduce en un aumento de los beneficios en 1.200 millones de euros. Esto gracias a la recaudación por impuestos como el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados o el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales.
Si continúa este nivel de ingresos, el beneficio económico podría alcanzar los 2.500 millones de euros. Una cifra que no tiene en cuenta los beneficios extra que pueden obtenerse con el aumento de las bases imponibles de los impuestos. Impuestos como el de Patrimonio o de Sucesiones y Donaciones. Al principio de 2022, las autonomías ya predijeron unos ingresos de 3.000 millones de euros a través de los impuestos relacionados con la actividad inmobiliaria.
Desde la asociación Aedaf apuntan que la nueva normativa no cumple con los requisitos suficientes para ser aplicada. Esto debido a su inexactitud acerca del cálculo del nuevo valor de referencia. “La ley no dice nada de cómo debe aplicarse, no tenemos el preceptivo reglamento de desarrollo de ese valor de referencia, y al final es una resolución del Catastro, que es un acto administrativo, no una norma, el que está regulando sin tener capacidad normativa para ello. No es un valor fiable y la base imponible de los impuestos no está regulada con arreglo a la ley”.
Base jurídica y técnica cuestionable del nuevo valor de referencia
En otros aspectos, Aedaf recuerda que los valores de referencia se publicaron el 11 de noviembre de 2021. Un hecho que va en contra de lo que dicta la legislación. La normativa señala que los valores de referencia deben ser publicados previamente al 30 de octubre. Estos aspectos apuntan a la inconstitucionalidad de la norma, así como a la racionalidad de los recursos presentados.
Por otro lado, además de la base jurídica, la Asociación Española de Asesores Fiscales también señala las medidas técnicas presentadas. “Hay veces que la descripción catastral del inmueble contiene errores y otras ocasiones en los que estando bien esa descripción los valores de referencia son un disparate”.
Existen numerosos ejemplos de esta incongruencia. Por un lado, pisos valorados con una altura que no es la que poseen. Pisos interiores con el mismo valor de los pisos exteriores. O, la valoración de viviendas situados en cuarta línea de playa por el coste de una en primera línea. Unas descripciones erróneas que llevan al Aedaf a señalar que “la misma descripción catastral da lugar al valor catastral y al valor de referencia, eso hace que las valoraciones estén viciadas”.
En suma, el nuevo sistema de Hacienda dificulta la presentación de recursos en contra del nuevo cálculo de valoración previamente a la liquidación a contribuyentes. De esta forma, solo permiten que los afectados puedan presentar recursos tras haberse abonados los impuestos.
Debido a estos aspectos, Aedaf pidió al Ejecutivo una regulación del nuevo valor de referencia a través de un reglamento. Además, solicitan que de este sistema se excluyan aquellas viviendas con un valor por encima del millón de euros. Con ello, se prevendría casos de litigiosidad.