¿Cómo se computan las reservas de la sociedad en la disolución de la sociedad de gananciales? El carácter ganancial o privativo de las reservas de las sociedades

El punto de partida para tratar este tema lo encontramos en los arts. 1.352 y 1.347.2 del Código Civil (CC) que regulan, respectivamente, el carácter ganancial o privativo de las acciones o participaciones sociales y el carácter ganancial de los frutos que se obtengan de los bienes, tanto privativos como gananciales.

Art. 1.352 CC: “Las nuevas acciones u otros títulos o participaciones sociales suscritos como consecuencia de la titularidad de otros privativos serán también privativos. Asimismo lo serán las cantidades obtenidas por la enajenación del derecho a suscribir. Si para el pago de la suscripción se utilizaren fondos comunes o se emitieran las acciones con cargo a los beneficios, se reembolsará el valor satisfecho”.

Art. 1.347.2 CC: “Son bienes gananciales: Los frutos, rentas o intereses que produzcan tanto los bienes privativos como los gananciales”.

Con base a este último precepto multitud de Audiencias Provinciales habían resuelto que a la sociedad de gananciales le correspondía su parte en las reservas que la sociedad había ido dotando, estando vigente el matrimonio administrador por el régimen legal de gananciales. La participación de la sociedad de gananciales en las reservas de la empresa era el resultado del reconocimiento de un derecho de crédito contra el cónyuge titular privativo de las acciones o participaciones sociales. El importe de dicho crédito se calculaba aplicando a las reservas el mismo porcentaje que el cónyuge ostentaba en el capital social.

A mayor abundamiento tomaban como sustento los arts. 1.349 y 1.360 del Código Civil y en el art. 127 de la Ley de Sociedades de Capital (LSC) que regula el supuesto de usufructo de acciones o participaciones sociales en el que se diferencia entre titularidad y derechos económicos.

Art. 1.349 CC: “El derecho de usufructo o de pensión, perteneciente a uno de los cónyuges, formará parte de sus bienes propios; pero los frutos, pensiones o intereses devengados durante el matrimonio serán gananciales”.

Art. 1.360 CC “ Las mismas reglas del artículo anterior se aplicarán a los incrementos patrimoniales incorporados a una explotación, establecimiento mercantil u otro género de empresa”, previendo el art. 1.359 CC: “…si la mejora hecha en bienes privativos fuese debida a la inversión de fondos comunes o a la actividad de cualquiera de los cónyuges, la sociedad será acreedora del aumento del valor que los bienes tengan como consecuencia de la mejora, al tiempo de la disolución de la sociedad o de la enajenación del bien mejorado”.

Art. 127 LSC: “En caso de usufructo de participaciones o de acciones la cualidad de socio reside en el nudo propietario, pero el usufructuario tendrá derecho en todo caso a los dividendos acordados por la sociedad durante el usufructo. Salvo disposición contraria de los estatutos, el ejercicio de los demás derechos del socio corresponde al nudo propietario”.

En contra del criterio expuesto, el Tribunal Supremo ha resuelto la controversia existente en cuanto a los efectos que tiene la disolución de la sociedad de gananciales respecto a las reservas, legales o voluntarias, con las que pueda contar una sociedad mercantil y su valoración en el inventario de bienes gananciales.

Mediante las Sentencias de 3 de febrero de 2020 y de 15 de junio de 2020, el Tribunal Supremo ha corregido el criterio de dichas Audiencias Provinciales de una forma totalmente acertada, al menos, atendiendo al carácter mercantil de lo que es objeto de estudio. Así, centrados en la diferente personalidad jurídica de la sociedad mercantil respecto a sus socios (art 33 Ley de Sociedades de Capital) y en la existencia de patrimonios diferenciados, concluye que el socio únicamente cuenta con “un derecho abstracto sobre un patrimonio ajeno [que es el de la sociedad mercantil]”, sujeto a las vicisitudes de la marcha de la empresa y no puede, como pretendía el recurrente en amparo, que en la liquidación de la sociedad de gananciales se contabilizase como activo el porcentaje en las reservas de la sociedad que correspondía al cónyuge por su participación en el capital social.

No puede, por lo tanto, identificarse de forma tan simple las reservas con las que cuenta una empresa con los frutos del rendimiento de un bien productivo titularidad de un cónyuge y debe de esperarse a la aprobación de las cuentas anuales o reparto de reservas cumpliendo los requisitos legalmente establecidos (art. 273 LSC) para que exista un derecho exigible por el socio y, en su caso, que incrementará el haber ganancial.

En esta diferenciación de patrimonios y derechos tampoco puede olvidarse que las reservas no encajan con lo previsto en el art. 1.359 CC (por remisión del art. 1.360 CC) ya que es una ganancia de la sociedad por el desarrollo de las actividades que comprende su objeto social y no propiamente una ganancia (directa) del cónyuge, que es a lo que atiende el Código Civil. Por ello, y a mayor abundamiento, no considerando equiparable la sociedad de gananciales con el régimen legal específico previsto para el usufructo de acciones/ participaciones, niega el Tribunal Supremo que se pueda buscar en esta regulación un fundamento, para vía equiparación, defender el carácter ganancial de las reservas.

Incluso, y para evitar malos entendidos, la Sentencia aclara que debe atenderse a la fecha del acuerdo de distribución de dividendos (que no al pago de los mismos) para poder conocer si es gananciales o privativo. Es decir, si la distribución de las reservas mediante reparto de dividendos se acordó vigente el régimen legal de gananciales, los dividendos serán gananciales; no así cuando se haya disuelto la sociedad de gananciales en cuyo caso, serán privativos.

Ante las situaciones abusivas que a todos nos vienen a la mente de no reparto de dividendos,  el cónyuge perjudicado deberá acudir al fraude de ley (art. 6.4 CC) y a la aplicación del precepto que se quiere eludir (art. 1.347.2 y 1.397 CC), sin perjuicio de lo previsto en el art. 1.390 CC: “Si como consecuencia de un acto de administración o de disposición llevado a cabo por uno solo de los cónyuges hubiere éste obtenido un beneficio o lucro exclusivo para él u ocasionado dolosamente un daño a la sociedad, será deudor a la misma por su importe, aunque el otro cónyuge no impugne cuando proceda la eficacia del acto”.

Sin embargo, esta posibilidad ya adelantada por el Tribunal Supremo de posibles “actuaciones fraudulentas” resta fuerza a la posición clara y razonamientos de sus Sentencias que queriendo zanjar la controversia sobre el valor de las acciones/participaciones en el momento de la disolución de la sociedad de gananciales, dejan un halo de duda en la actuación del cónyuge titular de las mismas y hacen casi una invitación a posteriores demandas basadas en la existencia de fraude de ley contra el que ya es ex – cónyuge.

 

 

 

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