Traslado de domicilio social: competencia del órgano de administración

El pasado 7 de octubre de 2017 se publicó en el BOE el Real Decreto-ley 15/2017, de 6 de octubre, de medidas urgentes en materia de movilidad de operadores económicos dentro del territorio nacional, que modifica el art. 285.2 de TR de la Ley de Sociedades de Capital.

Si bien no se menciona nada en el mismo, este Real Decreto se aprueba para flexibilizar y agilizar los trámites en los numerosos acuerdos de traslado de domicilios sociales que están aprobando decenas de empresas de Cataluña; ya que, según establece la exigencia de garantizar la plena vigencia del principio de libertad de empresa consagrado en el artículo 38 de la Constitución, así como de respetar la prohibición de adoptar medidas que obstaculicen la libertad de establecimiento de los operadores económicos prevista en el artículo 139 de la Constitución.

Así, mientras en los Estatutos Sociales no se disponga expresamente que NO puede hacerlo el órgano de administración, lo cual implica menos requisitos legales, pues no hay que convocar a la  Junta  de socios (con al menos un mes de antelación  en las SA o quince días en las SL), retrasando hasta un mes la adopción del posible acuerdo.

En la redacción original del art. 285.2 (año 2010) la Junta General era el órgano encargado de aprobar el traslado del domicilio social, y, salvo disposición contraria de los estatutos, el órgano de administración será competente para cambiar el domicilio social dentro del mismo término municipal.

Más tarde, con la Ley 9/2015, de 25 de mayo, de medidas urgentes en materia concursal, se amplió la competencia del órgano de administración a los cambios de domicilio social dentro del territorio nacional, igualmente, salvo disposición contraria en los estatutos.

No obstante, establece la Exposición de Motivos del Real Decreto que se ha detectado la existencia de discrepancias en su interpretación, lo cual ha realentizado en algunos registros las inscripciones de los traslados de domicilio social pues existe una línea interpretativa que considera que es una «disposición contraria» a la competencia del órgano de administración la previsión contenida en los estatutos sociales atribuyendo la junta general la facultad de acordar el cambio de domicilio social.

El art. 285.2 queda como sigue:

2.Por excepción a lo establecido en el apartado anterior el órgano de administración será competente para cambiar el domicilio social dentro del territorio nacional, salvo disposición contraria de los estatutos. Se considerará que hay disposición contraria de los estatutos solo cuando los mismos establezcan expresamente que el órgano de administración no ostenta esta competencia.

En este blog se ofrece una visión orientativa de los asuntos que se tratan, que no constituye una opinión profesional ni asesoramiento jurídico, por lo que declinamos cualquier responsabilidad sobre decisiones que puedan adoptarse basadas exclusivamente en su contenido. Si desea recibir más información, póngase en contacto con nosotros en la dirección de correo info@picossi.com, para realizar un análisis especifico de la situación, que tenga en cuenta todas las circunstancias.

 

 

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